La masa salarial del FC Barcelona continúa siendo un problema que afecta al club en lo deportivo y en lo económico. Jules Koundé todavía está a la expectativa de poder ser inscrito y disputar su primer partido con la elástica azulgrana, mientras que todavía hay algunos movimientos pendientes para terminar de confeccionar la plantilla de Xavi Hernández.

Con la posible incorporación de Marcos Alonso sobre la mesa, y también los posibles (pero lejanos) fichajes de Juan Foyth y Bernardo Silva, a la directiva no le queda de otra que negociar con sus futbolistas para aligerar la carga en sueldos que tiene el plantel. Tanto Sergio Busquets como Gerard Piqué han sido los señalados para acatar el pedido del Barça, aunque varias informaciones apuntan a que la situación se mantiene encallada.

El diario 'Mundo Deportivo' asegura que ninguno de los dos tiene problemas en trabajar en una rebaja, aunque las fórmulas que ha puesto el Barcelona sobre la mesa no han sido convincentes. Con 'Busi', el club propuso una ampliación de contrato por uno o incluso dos años, algo que el futbolista rechazó porque su objetivo es finalizar su carrera como culé en 2023 y partir con dirección a la MLS.

Por su parte, Piqué ha estado más abierto a las alternativas pero sigue siendo una situación compleja. El zaguero ya se ha hecho varios recortes en años anteriores para beneficiar a la inscripción de jugadores como Eric García y Memphis Depay, y algunos medios aseguran que los montos diferidos podrían superar los 10 millones de euros. Su postura es la de ayudar, pero su agente, Arturo Canales, ha pedido garantías de cobro que el club aún no le ha dado.

¿Choque de intereses?

La Comisión de Control de LaLiga está muy atenta a los movimientos del Barça con los contratos de sus jugadores para evitar que caigan en la ilegalidad. Con el caso de Busquets, su representante planteó la inclusión de una cláusula que le daría libertad dentro de un año y le permitiría seguir recibiendo pagos. Sin embargo, esto obstaculizaba los intereses del club porque la patronal obligaría a provisionar y computar todo en una solo año. Es por ello que todavía están discutiéndose cuáles serán las fórmulas pertinentes para que todo llegue a buen puerto.